Ley 458 de 2024: Paso clave contra la trata de personas
Panamá reafirma su compromiso con los derechos humanos mediante la actualización de su legislación contra la trata de personas. En este sentido, la Ley 79 de 2011 sentó las bases para una política integral de prevención, persecución penal y protección de víctimas. En apoyo a las mismas, se promulga la Ley 458 de 2024, por la cual el país moderniza este marco legal, incorporando nuevas obligaciones internacionales y herramientas técnicas más eficaces para enfrentar esta grave violación de derechos humanos.
Entre los avances más relevantes de la Ley 458, se destacan:
- La ampliación de la definición de trata de personas, abarcando formas contemporáneas como la explotación en entornos digitales.
- Se refuerza el principio de no sanción a las víctimas por actos cometidos como consecuencia directa de su situación, reconociendo su condición de sujetos protegidos por el derecho penal internacional.
- Se establecen medidas de asistencia inmediata, como el acceso urgente a refugio seguro, atención médica, psicológica y legal.
- Se fortalece la Unidad Especializada de la Fiscalía contra la Trata de Personas, otorgándole mayores facultades operativas y recursos para la investigación y judicialización de los casos.
- Se incorpora, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se beneficien directa o indirectamente de este delito, así como la posibilidad de imponer medidas cautelares patrimoniales.
- Se institucionaliza el Comité Nacional contra la Trata de Personas como ente rector de la política pública en esta materia, reforzando su capacidad de coordinación interinstitucional y con organismos internacionales.
Estas reformas posicionan a Panamá como un país activo en el combate regional y global contra la trata de personas. Al respeto, la legislación vigente integra estándares internacionales y un enfoque centrado en las víctimas, consolidando un sistema más humano, eficiente y comprometido con la erradicación de este pernicioso crimen.